La Asamblea Legislativa de El Salvador ha decidido extender el régimen de excepción por otros 30 días, con una aprobación que contó con 67 votos. Esta medida se ha utilizado como un instrumento clave para mantener el clima de seguridad en el país, logrando resultados significativos como la consecución de 589 días sin homicidios y la captura de más de 79,000 supuestos pandilleros, además de la incautación de una considerable cantidad de armas de fuego y vehículos.
La implementación de esta medida ha sido una parte esencial de la estrategia del gobierno salvadoreño, encabezado por el presidente Nayib Bukele desde 2019, para combatir la violencia y el crimen organizado que anteriormente asolaba al país. Según las autoridades, gracias a estas acciones, El Salvador se ha convertido en el país más seguro de la región.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, destacó la diferencia marcada por el régimen de excepción en comparación con los gobiernos anteriores, que según él no lograron cambiar el clima de inseguridad ni proteger a la ciudadanía de los delincuentes. Subrayó la importancia de recordar el estado de violencia y convulsión del país antes de estas medidas, incluyendo guerras, violencia, asesinatos, robos, violaciones y extorsiones.
El diputado Castro afirmó que la llegada de Nayib Bukele a la presidencia y de la actual Asamblea Legislativa ha permitido lograr el cambio más significativo en materia de seguridad en la historia del país. Esta legislatura, según él, quedará marcada por estar del lado de los salvadoreños que más lo necesitan, cumpliendo con el mandato de apoyar incondicionalmente al presidente Bukele y rescatar al pueblo abandonado por gobiernos anteriores.
La continuidad del régimen de excepción se justifica en el discurso oficial por la necesidad de proteger el derecho fundamental a la vida y por los resultados obtenidos en la reducción de la violencia y la delincuencia. Sin embargo, esta medida también ha sido objeto de críticas y preocupaciones por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la comunidad internacional, que alertan sobre los riesgos de abusos y violaciones a los derechos fundamentales bajo regímenes de excepción prolongados.
