sábado, 27 de abril de 2024
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  • 13
  • Mar 2024
Asamblea Legislativa

El Salvador reforma ley tributaria para atraer inversiones y fomentar la economía

En una medida significativa para fomentar la actividad económica, la Asamblea Legislativa de El Salvador ha votado favorablemente, con un apoyo mayoritario de 69 votos, por la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Esta revisión legislativa introduce excepciones en el pago de este impuesto, beneficiando a inversores tanto locales como internacionales, al expandir la lista de actividades, ganancias, y productos que estarán exentos del pago de Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con las modificaciones al artículo 3 de dicha ley.

La reforma propone incentivos al movimiento de capitales hacia y desde el país, incluyendo depósitos en el exterior, inversiones, remuneraciones, repatriación de capitales, remesas, y más, sin la obligación de pagar el anterior 30% de Impuesto sobre la Renta. Ernesto Castro, Presidente de la Asamblea Legislativa, destacó que esta medida busca promover la igualdad y estimular la inversión, atrayendo así capital extranjero y estimulando la economía nacional.

Durante la sesión plenaria número 148 se argumentó que el objetivo tras esta reforma es atraer más inversiones y recursos financieros al país mediante diversas modalidades como préstamos, inversiones de capital, remesas, entre otros. Christian Guevara, líder de la bancada cyan y presidente de la Comisión de Hacienda, resaltó el interés creciente de los inversionistas extranjeros hacia El Salvador, motivado por un entorno de paz y seguridad, así como el deseo de salvadoreños expatriados de reinvertir en su país de origen.

La reforma aplica tanto a individuos como a entidades legales, incluyendo aquellas sin personería jurídica, independientemente de si están domiciliadas en el país o no. Además, se espera que el erario público no se vea afectado negativamente, ya que estos fondos previamente no formaban parte de la economía nacional.

Esta modificación legislativa también busca combatir el lavado de dinero mediante la implementación de requisitos para los inversores, como la posesión de una cuenta bancaria para asegurar la trazabilidad de las transacciones y fomentar la transparencia financiera.