Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales iniciaron hoy el estudio de la nueva ley de Probidad, que busca, entre otros aspectos, evitar el enriquecimiento ilícito de funcionarios, aunque estos hayan finalizado sus nombramientos hasta 10 años después.
Fue el director de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Pineda el que compareció ante los diputados de dicha comisión, para exponer los posibles beneficios que tendría la nueva normativa.
La ley de Probidad actual está vigente desde 1959, y requiere cambios sustanciales, entre ellos, las sanciones por no presentar la declaración patrimonial de funcionarios, obviado por muchos ex servidores públicos que no la presentaron.
Pineda aseguró ante los diputados, la necesidad de transformar la Sección de Probidad de la CSJ, hacia «una dirección de Probidad, con mayores facultades investigativas».
Así, los diputados iniciaron conociendo la propuesta del grupo gestor de la Ley de Probidad, para iniciar su estudio en conjunto a la propuesta elaborada por la parte técnica de la comisión.
La jornada de la Comisión de Legislación se extendió hasta la tarde, donde se inició el estudio del articulado de la Ley.
La normativa fue propuesta por el grupo gestor de dicha ley, desde la sociedad civil se ha hecho el esfuerzo para que los diputados legislen al respecto, y no fue hasta hoy que la comisión ha iniciado con este estudio.
Tras la comparecencia del jefe de sección de probidad, los legisladores cuestionaron la necesidad de otorgar más fondos a dicha sección, hasta convertirse en una dirección, con más facultades de investigación.
Las declaraciones patrimoniales han cobrado mayor interés, luego que la sección de probidad estudie las de los expresidentes Flores, Saca y Funes; así como la de algunos diputados que no han podido subsanar reparos a estas declaraciones.
