El director legal de Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta, presentó hoy una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo ejecutivo para incrementar la tarifa de energía eléctrica en un 13%.
«El recargo es un impuesto disfrazado», dice Argueta y como tal, debió pasar por el respectivo proceso en la Asamblea Legislativa».
Argueta solicitó, además, como medida cautelar se suspenda la entrada en vigencia de dicho incremento, programada para el 15 de julio.
«Este cobro, que es un impuesto disfrazado, no ha pasado su debido proceso en la Asamblea Legislativa», añadió.
Oposición critica medida
Por su parte, diputados de oposición criticaron la medida del Gobierno, asegurando que no existió un estudio técnico que justificó el incremento.
«Espero que esta no sea una medida recomendada en el Foro de Sao Paulo. Es un impuesto, y le meten la mano en el bolsillo a los ciudadanos», aseguró René Portillo Cuadra, diputado de ARENA.
Asimismo, la diputada Martha Evelyn Batres aseguró que espera que este incremento a la energía que carece de fundamento, es similar al incremento de las tarifas de agua potable.
Mario Ponce, del PCN, cuestionó que el Gobierno cargue con más impuestos a la población.
«¿Cómo es posible que el Gobierno esté hablando de nuevos subsidios y asistencia a muchas personas y por otra están cargando con más tributo a la población?», aseveró.
Mientras, Guillermo Gallegos, también rechazó este incremento a la tarifa de electricidad.
«Pienso que el Gobierno debería pensar mejor en esta medida, porque no ea adecuado para la población», dijo.
Ahora, será la Sala de lo Constitucional la que decida si se declara improcedente el aumento a la tarifa.
