La decisión se tomó debido a “los niveles de disminución de delitos que se ordenan desde los centros penales».
Ricardo Larín
Este día, durante la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, se estableció la necesidad de prorrogar por un año más las medidas extraordinarias de seguridad – que vencen el 31 de marzo de este año – debido a «los niveles de disminución de delitos que se ordenan desde los centros penales».
En dicha reunión estuvieron presentes el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz; el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda Navas; y el gabinete de seguridad.
«La medidas extraordinarias de seguridad serán prorrogadas en los términos iniciales y tendrán una vigencia durante un año más», manifestó el diputado pecenista y presidente de la Comisión de Seguridad, Antonio Almendáriz.
Mientras, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, avaló la necesidad de continuar con las medidas extraordinarias acordadas por los partidos políticos.
«Nuestra meta en este año seguirá siendo bajar (la cifra de) los homicidios, por eso tenemos las acciones conjuntas entre varias instituciones» – Óscar Ortiz, vicepresidente de la República
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, valoró las medidas de seguridad como positivas y que han logrado disminuir el delito dentro de los centros penales.
«Con la segunda fase de las medidas de seguridad hemos tenido restricción de los servicios de internet inalámbrico (WiFi) en los centros penales, gracias a la colaboración de las telefonías que han limitado la señal en los alrededores de estos centros penales», dijo el ministro.
El funcionario también destacó que se han logrado «controlar» las visitas de los abogados defensores, quienes transmitían órdenes para delinquir, debido a la restricción de visitas a centros penales.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda Navas, explicó cómo el Órgano Judicial está aplicando las medidas, a través de audiencias virtuales para que los reos no tengan que salir de los centros penales para sus respectivas audiencias.
Asimismo, el fiscal general de la República dio visto bueno para prorrogar las medidas de seguridad, ya que consideró han permitido controlar los delitos. «Creemos que las medidas temporales han funcionado, el número de llamadas desde los centros penales han disminuido», reiteró el fiscal.
Fondos de la contribución ciudadana
Dentro de las peticiones de algunos diputados para dar el aval a la prórroga de las medidas extraordinarias está el uso de los fondos obtenidos por la Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana (CESC), mejor conocido como impuesto a las telecomunicaciones.
Y es que diputados como Guillermo Gallegos consideran que estos fondos deberían ser utilizados directamente para la seguridad y no para otros aspectos. En el primer dictamen sobre esta recaudación se invirtió parte de los fondos para la construcción de un MEGATEC en Apopa y fondos de apoyo para los jóvenes que no estudian ni trabajan (NINIS).
Algunos partidos de oposición pedirían estrictamente que este fondo vaya para el combate a la criminalidad y no a la prevención de la violencia, que como han dicho los diputados del FMLN es complementaria a las medidas de seguridad.
