El nuevo proyecto de ley contra el lavado de activos, dictaminado el pasado viernes por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, establece que entre los sujetos obligados figuran proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin, bancos de inversión y partidos políticos.
El documento, titulado oficialmente “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, detalla 10 sujetos obligados, incorporando en noveno lugar a los proveedores de activos digitales y en décimo a los partidos políticos.
Esta iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno en el acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluía presentar antes de agosto de 2025 una ley que cumpla con la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual insta a identificar operaciones de lavado de dinero en nuevos productos y tecnologías, incluyendo los activos virtuales.
Además, el acuerdo contempla la aprobación de una ley para regular y supervisar las criptomonedas a más tardar en diciembre de 2025.
Según el proyecto leído en la Comisión de Seguridad, los sujetos obligados deberán registrarse ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, reportar operaciones sospechosas, implementar planes antilavado y establecer un sistema de gestión de riesgos que cumpla con los estándares internacionales.
