La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno dictaminó favorablemente la reforma a la Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Víctimas de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños. Esta modificación permitirá continuar incorporando a los afectados de la masacre ocurrida en El Mozote y en caseríos cercanos como Jocote Amarillo, Arambala y Cerro Pando, ubicados en el departamento de Morazán, al Registro Único de Víctimas y Familiares (RUV).

La inclusión en este registro es fundamental para que las víctimas y sus familiares puedan acceder a las indemnizaciones reconocidas mediante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre las principales reformas se contempla facilitar la publicidad material de las diligencias mediante la publicación de los decretos en el Diario Oficial, además de los medios de prensa de circulación nacional, para transparentar y dar mayor visibilidad al proceso.

El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MGDT) solicitó extender la vigencia de esta ley, que inicialmente tenía un plazo de tres años desde su publicación en julio de 2022, debido a la complejidad de los casos y los retos para su registro, que incluyen aspectos genealógicos, acceso a las zonas afectadas y particularidades culturales de los habitantes.

Andrés Amador, coordinador del RUV, afirmó: “La seriedad y el compromiso han motivado la solicitud de esta prórroga para culminar exitosamente el registro iniciado”.

La reforma incluye la incorporación del artículo 27-A para la publicación en el Diario Oficial y la extensión de la vigencia de la ley a partir del 27 de julio de 2025.

Además del Gobierno, han participado en este proceso instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote.