Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una prórroga a la Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Víctimas de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños, con el fin de facilitar el registro de personas que pueden optar a indemnizaciones reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La reforma incluye la incorporación del artículo 27-A y una ampliación del plazo de vigencia de la ley, el cual ahora se contará a partir del 27 de julio de 2025. La normativa original fue aprobada en 2022 y su vencimiento estaba previsto para tres años después de su publicación en el Diario Oficial.

El objetivo de esta extensión es continuar el proceso de inscripción en el Registro Único de Víctimas y Familiares (RUV) de personas afectadas por la masacre perpetrada en 1981 en El Mozote y zonas cercanas como Jocote Amarillo, Arambala y Cerro Pando, en el departamento de Morazán.

La medida también busca facilitar la publicidad legal de los trámites, permitiendo que los decretos se difundan a través del Diario Oficial, además de los medios tradicionales de prensa escrita de circulación nacional.

Según el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, la extensión fue solicitada debido a la complejidad del proceso, que implica tres desafíos principales: el análisis genealógico para evitar duplicidad de casos, las dificultades de acceso geográfico al lugar, y el componente sociocultural de las comunidades involucradas.