La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió ayer un dictamen favorable a la reforma del Código Penal, impulsada por el Ejecutivo, con el objetivo de fortalecer el combate contra la corrupción tanto en el sector público como en el privado.

Las modificaciones a la legislación penal —aplicables a empleados de los tres Órganos del Estado, así como a entidades municipales, autónomas y descentralizadas— incrementan las penas de prisión, eliminan medidas sustitutivas, crean nuevas figuras delictivas y clarifican conceptos clave en la administración pública.

«En El Salvador se va a perseguir por igual al corrupto y al corruptor. Se está llegando a una sanción de hasta 20 años de prisión», destacó el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ante los diputados de la comisión. Además, recordó que la corrupción es un flagelo que debe combatirse con firmeza.

Una de las principales modificaciones permite que el delito de enriquecimiento ilícito pueda ser judicializado por la vía penal, sin necesidad de una resolución previa de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El fiscal también explicó que las reformas están alineadas con los estándares de la Oficina de Naciones Unidas contra la Corrupción y el derecho internacional. Asimismo, se ha determinado que todos los delitos de corrupción sean considerados de naturaleza grave, lo que implica que no podrán tener penas menores a tres años ni ser sancionados con días multa.