Con 57 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, con el objetivo de fortalecer la protección de los datos personales y castigar con mayor rigurosidad los delitos tecnológicos.

Una de las principales modificaciones se encuentra en el artículo 3 de la normativa, al que se le agregaron nuevas definiciones clave para el manejo legal de los datos informáticos. Entre ellas: propietario de los datos, custodia de los datos, controlador de los datos, procesador de los datos y metadatos.

Asimismo, el artículo 11 —relativo al delito de fraude informático— fue ampliado para incluir nuevas formas de manipulación, como la alteración de “configuraciones” de sistemas informáticos o la inserción de instrucciones fraudulentas.

También se introdujo un nuevo inciso que establece agravantes cuando el delito es cometido por personas con acceso legítimo y frecuente a sistemas informáticos. Esto incluye trabajadores de plataformas de ventas, centros de contacto, sistemas CRM, servicios basados en blockchain, o encargados de bases de datos.

Quienes, aprovechando su acceso, consulten, extraigan, manipulen o utilicen de forma ilegítima información de terceros podrían enfrentar penas de entre 10 y 12 años de prisión. La misma sanción aplicará si se crean datos falsos, se eliminan registros o se conceden beneficios no autorizados para sí o para terceros, en perjuicio del propietario de los datos.

Con esta reforma, las autoridades buscan no solo sancionar con más firmeza estos delitos, sino también fortalecer la confianza digital, proteger empleos y consolidar a El Salvador como un país atractivo para la industria tecnológica global.