sábado, 5 de octubre de 2024
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DOM AENOR
  • 30
  • Nov 2016
El reportaje de la semana

Los antejuicios en la Asamblea Legislativa

Primera Entrega

El artículo 236  de la Constitución de la República establece que los funcionarios públicos poseen un blindaje especial o fuero por el cual no pueden ser juzgados como un ciudadano común. Y más allá de la crítica que surge desde la sociedad civil, sobre si es una protección para inmunidad, o simplemente un privilegio que poseen los funcionarios, estos deben de pasar por un proceso que involucra a la Asamblea Legislativa.

En los últimos años, diversos funcionarios y exfuncionarios han desfilado por una comisión de antejuicio del parlamento acusados de diversos delitos que se les ha imputado. Desde vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y calumnias, estos son algunos de las comisiones de antejuicio que han pasado en los últimos años por la Asamblea Legislativa, incluso, contra sus mismos representantes, los diputados.


26 de septiembre de 2006 – Desafuero al diputado Roberto Silva
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Exdiputado Silva Pereira permanece detenido en Phoenix

El diputado suplente del PCN, Roberto Carlos Silva Pereira, le fue trasladado su caso ante la Asamblea Legislativa en el 2006. El fiscal de turno, Félix Garrie Safie, presentó las pruebas al parlamento por los delitos de lavado de dinero y cohecho. La investigación se basó en informes de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y operaciones fraudulentas en al menos 14 alcaldías del oriente y occidente del país.

Silva Pereira fue despojado de su fuero el 29 de noviembre del 2006, pero el exdiputado ya había huído de la justicia. Fue capturado nueve meses después en Arizona, donde guarda prisión desde entonces. Aunque Silva Pereira pidió asilo, no se supo de él hasta en el 2011, que estuvo en una Corte de Phoenix, pero las autoridades salvadoreñas desconocen el seguimiento de su caso.


12 de junio de 2012 – Rodrigo Samayoa

74 diputados de la Asamblea Legislativa dieron el aval para iniciar un proceso de antejuicio contra el exdiputado Rodrigo Samayoa, de GANA, acusado de tres delitos de violencia en contra de su entonces esposa, Mireya Guevara de Samayoa. El 3 de junio, Samayoa tuvo un altercado con su exesposa y todo terminó en la presentación de un proceso en su contra en el parlamento.

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Tras un largo proceso, la Comisión de Antejuicio decidió desaforarlo el 16 de agosto de 2012. Samayoa se fue a los Estados Unidos donde luchó contra un cáncer linfático, de regreso al país, demandó a la Asamblea Legislativa por salarios caídos y se retiró de la vida política.


«Los Diputados y las Diputadas son inviolables y no tendrán responsabilidad, en tiempo alguno, por las opiniones o los votos que emitan. No podrán ser juzgados por los delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el fin del período para el que fueron elegidos, sin que la Asamblea Legislativa declare, previamente, que en efecto hay lugar a formación de causa»- Art. 119 Reglamento Interno de la Asamblea


6 de mayo de 2014 – Ana Vilma de Escobar y Roberto d´Aubuisson

La diputada Ana Vilma de Escobar y el entonces parlamentario tricolor Roberto d´Aubuisson enfrentaron este proceso al ser demandados por el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, por el delito de calumnia, debido a la vinculación que hicieron ambos del accidente de un automóvil Ferrari sobre el Redondel Masferrer y el expresidente.

Para la diputada de Escobar fue el inicio de un proceso en su contra, que finalizó con su desafuero en el pleno con 45 votos de diputados.

Roberto d´Aubuisson, del grupo parlamentario de ARENA junto a Ana Vilma de Escobar del mismo grupo parlamentario.

De Escobar se amparó ante la Sala de lo Constitucional, al considerar que se habían vulnerado sus derechos. Pero ante el retiro de la demanda de Funes, la diputada pudo regresar a su curul el 21 de agosto de ese mismo año.

En cuanto a Roberto d´Aubuisson, la comisión de antejuicio en su contra inició el 12 de mayo de 2014, y el mismo parlamentario pidió «un juicio imparcial de parte de los diputados, despojándose de la ideología partidaria», finalmente, el ahora alcalde de Santa Tecla fue exonerado al no comprobársele que había cometido difamación y calumnia en contra de Mauricio Funes.

Continuará