sábado, 24 de febrero de 2024
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  • 31
  • Ene 2017
Asamblea Legislativa

ARENA pide reformar ley de protección de micro y pequeñas empresas

El partido tricolor asegura se necesitan incentivos fiscales que consoliden el sector y reformas que garanticen el pago del gobierno a los proveedores.

Andrés Pino

Karla Hernández, diputada de ARENA, introdujo este día una pieza de correspondencia solicitando reformas a la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo Para la Micro y Pequeña Empresa, a fin de fortalecer el desarrollo y competitividad de dicho sector.

De acuerdo al comunicado emitido por la legisladora, las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un soporte importante de la economía salvadoreña, motivo por el cual se vuelve necesario modificar la ley para crear incentivos fiscales “que permitan la consolidación de las mismas ante un clima de inestabilidad”.

Según el respectivo proyecto de decreto presentado por Hernández, aquellos empresarios que formalicen sus actividades y sean acogidos por la ley gozarán del beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta por un período de cinco años.

Además de un régimen especial de seguridad social, el cual obligaría al Estado, a través del Ministerio de Hacienda, a cubrir el 100% de las cuotas correspondientes del empleador al ISSS durante el primer año de operaciones posterior a su formalización.


Por otra parte, ante la situación de impago que atraviesan muchos proveedores con el gobierno, la diputada argumenta realizar reformas que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de dichas contrataciones.


Al respecto, plantea obligar a las instituciones del Estado contratantes a emitir de manera previa una carta de compromiso revelando la disponibilidad de fondos para la cancelación de los bienes y servicios negociados. Adicionalmente, en caso de retraso en el pago, a pagar un interés equivalente al interés legal mercantil sobre las sumas adeudadas.

También propone incorporar una sanción por incumplimiento de responsabilidad fiscal, para multar con hasta 40 salarios mínimos a los responsables de cada cartera de Estado que celebren deliberadamente contratos con MIPYMES sin los fondos necesarios para saldar su deuda.